Estrategias de Desarrollo en el VRAE. I

Mesa Dorada

Estrategias de Intervención y Políticas de Desarrollo en el VRAE.

VRAE: Reflexiones para impulsar un giro de timón:

Víctor Belleza

1 (expositor):

Lamentablemente, el VRAE vuelve a hacer noticia no solo por la producción de coca y los decomisos de drogas, sino por la pérdida de vida de soldados y ciudadanos en los últimos meses.

Mucho se ha debatido respecto a qué

tipo de problemática enfrentamos en el VRAE. Algunos analistas han introducido términos como el "narcoterrorismo", "narcosenderismo", y otros para referirse a los vínculos del narcotráfico con Sendero. En esencia, no se trata de "nuevos términos" sino de una "adecuación" del enfoque que utilizó el gobierno de Estados Unidos para justificar su invasión a Afganistán, con el objetivo de "cortar la fuente financiera del terrorismo", a su entender, el narcotráfico.

Lo cierto es que el narcotráfico y Sendero son dos cosas diferentes, aunque coinciden en algunos intereses comunes, uno de los cuales es importante analizar desde la perspectiva de la institucionalidad democrática. A pesar de perseguir fines diferentes, económico para el narcotráfico y político para Sendero, una de las coincidencias nos puede ayudarnos a explicar lo que viene ocurriendo en el VRAE. Se trata de la coincidencia en

"debilitar la presencia del Estado en sus zonas de operación".

A Sendero como al narcotráfico

les interesa poca o nula presencia del Estado en sus zonas de operación. Para Sendero significa el vacío de poder que pueden volver a llenarlo de acuerdo a su ideología; en tanto que para el narcotráfico implica la ausencia o limitado control de las fuerzas del orden, de tal modo que le facilite operar sin mayores problemas. Así, Sendero y el narcotráfico se benefician mutuamente con un Estado débil o ausente. En este interés común de debilitar la presencia del Estado puede entenderse las relaciones establecidas entre el narcotráfico y el terrorismo.

Así, todo aquello que sirva para

"alejar o contraponer a la población con el estado de derecho y la democracia" es utilizado por ambos. A Sendero como al narcotráfico le interesa que los productores del VRAE no solo siembren más coca destinada al tráfico ilícito de drogas, sino que vayan más allá y se comprometan con el

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Víctor Belleza, Analista y Presidente Colegiado del Grupo de Iniciativa Regional Ayacucho -INIRA

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procesamiento en droga y posterior comercialización y transporte. En la medida que los involucrados se comprometen con actividades ilícitas y se alejan de la legalidad, se alejan del estado de derecho y de la democracia.

Asimismo, en donde el Estado es débil el narcotráfico ofrece "empleos ilegales" a jóvenes y campesinos pobres y sin oportunidades en el procesamiento y transporte de drogas e insumos, en tanto que Sendero se preocupa por la seguridad de éstos jóvenes "mochileros" que transportan la droga hacia fuera del Valle. Asimismo, se puede explicar porqué Sendero, "llenando el vacío de Estado" en el VRAE, parcela y distribuye territorio en las denominadas "zonas de frontera" para la instalación de coca, y proporciona ayuda para su siembra y cosecha en beneficio del narcotráfico. De esta misma manera se puede entender porqué el narcotráfico proporciona recursos para lo que hace Sendero.

Se trata entonces de

una relación simbiótica, de mutuo beneficio pero que no los aparta de sus objetivos. Para el narcotráfico su objetivo sigue siendo el económico, el de generar ingresos ilícitos; en tanto, que para Sendero sigue siendo político, de recuperar la "confianza del pueblo" para sus fines de "destruir el viejo Estado". Esta coincidencia nefasta para el Estado de derecho y la democracia es el peligro al que hay que enfrentar con estrategias diferenciadas, pero articuladas y coordinadas finalmente, de tal modo de neutralizarlas y finalmente revertirlas y derrotarlas. Pero aquí juega un papel importante la población del VRAE, así como de las zonas altoandinas y de las ciudades intermedias más vinculadas al Valle.

Hacia los años 80, la producción de hoja de coca era similar a la actual en términos de superficie cultivada. Durante esos años en que el terrorismo afincó sus raíces en Ayacucho y posteriormente en todo el país, los productores del VRAE se organizaron en Comités de Autodefensa Civil para combatir, junto con el Estado, a un enemigo común: Sendero Luminoso. Por aquellos años en que los productores del VRAE luchaban contra la subversión, fueron calificados de

"aliados de la democracia". Con la derrota estratégica de Sendero, luego de la captura de Abimael Guzmán en 1992, fueron llamados "héroes de la democracia" durante la década de los 90.

Iniciado el presente milenio, con la adopción de nuevos enfoques en materia de lucha antiterrorista y lucha antidrogas, a éstos mismos productores se los llega a calificar de

"narcoterroristas". ¿Qué paso con los aliados de la democracia y los héroes de la

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democracia? Simplemente un cambio en la percepción de la política antidrogas los convirtió

"de aliados a enemigos".

Tal como ocurriera en los ‘80 con la estrategia antiterrorista donde se consideraba a los ayacuchanos como

"terroristas", en los 2000 se considera a los pobladores del VRAE como "narcoterroristas". El cambio en la percepción de la estrategia antiterrorista respecto a los ayacuchanos, hacia la segunda mitad de los 80, permitió integrar la lucha campesina en contra de la subversión y así obtener la derrota estratégica del terrorismo. Cabe preguntarse, si no estaremos volviendo a cometer el mismo error con los productores del VRAE al verlos como enemigos.

De lo que podemos estar seguros y compartir todos es que sin la intervención de los campesinos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huánuco y otras regiones del país, hubiera sido imposible derrotar estratégicamente a Sendero Luminoso. Consideramos que frente al problema del narcotráfico y Sendero, es imposible derrotarlo si es que no contamos con el apoyo de los productores del VRAE, casi en su mayoría, productores de coca.

La mayoría de los productores del VRAE están envueltos en la producción de coca porque no tienen otra alternativa económica; como también hay productores de coca porque han optado integrarse a la cadena del narcotráfico. El

Estado tiene que tener la capacidad para discernir finalmente entre uno y otro con el fin de atraer a la población que se encuentra involucrada en la siembra de coca porque no tiene otra opción a fin de recuperar su confianza e involucralos en una estrategia de fortalecimiento de la presencia del Estado en el VRAE. Se requiere del productor del VRAE para derrotar al narcotráfico y a la subversión, pero resulta riesgoso repetir los mismos errores de los 80´s, con sus lamentables secuelas.

La repuesta del Estado se sigue concentrando en el denominado "Plan VRAE". Una nueva versión del Plan VRAE será lanzada en estos días. Lo cierto es que el

VRAE necesita más que un plan. Requiere una firme voluntad política que busque restablecer las confianzas retas entre el Estado y la población del VRAE, de lo contrario los esfuerzos se debilitarán por la sospecha, la exclusión, y la desconfianza que impide la construcción de acuerdos y consensos para fortalecer objetivos comunes: Derrotar la subversión, el narcotráfico, la ausencia de Estado, la pobreza y la exclusión social.

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El nuevo Plan VRAE no debe traer mayores novedades en cuanto a contenido. Se habla de crear una instancia con capacidad de decisión y determinadas autonomías, incluyendo recursos para su financiamiento, entre otras cosas. Lo cierto es que

se requiere superar el esquema de juntar lo que el Ejecutivo Nacional hace en el VRAE y denominarlo "Plan", y evidenciar la voluntad política en el establecimiento de consensos, como de inversiones adicionales.

Los esfuerzos desplegados por las autoridades y representantes sociales del VRAE han sido relativamente infructuosos. Si bien el problema del VRAE tiene impacto nacional, su resolución debe tener alcance local, regional y nacional, en ese orden. Esto implica

involucrar los tres niveles de Estado y definir claramente las corresponsabilidades, incluyendo a la misma población organizada y representada en sus organizaciones sociales.

De allí surge la necesidad de

establecer un marco legal al diálogo y negociación entre los distintos actores involucrados. Las mesas de diálogo tienen la debilidad de romperse ante cualquier posición no transable de alguna de las partes. De este modo resulta sencillo romper el diálogo sin tener que rendir cuenta a nadie por esta falta de consenso. Esto es lo que ha pasado con la Agenda Wari, de allí lo importante de darle un marco legal consistente a las instancias de diálogo.

Tan importante como darle una cierta autonomía y recursos al Plan VRAE es crearle un marco legal que institucionalice la instancia de diálogo y consenso entre el Gobierno y el VRAE. Un pre dictamen que se debatirá ésta semana o la entrante en el Congreso para crear una

Junta de Coordinación Intergubernamental en el VRAE puede concretar la institucionalidad del diálogo; servir de instancia para legitimar el Nuevo Plan VRAE; y, monitorear y evaluar los esfuerzos de los tres niveles de Estado para resolver los complejos problemas del VRAE.

Sin embargo, con ocasión de la sustentación del Proyecto de Ley que crea la Junta Intergubernamental del VRAE, se suscito un debate interesante en el Parlamento Nacional: Primero,

qué se entiende por Ejecutivo y su rol en el tema VRAE; Segundo, el rol de las instancias de coordinación intergubernamental; y Tercero, el papel del Ejecutivo y del Legislativo respecto al tema VRAE.

Lo primero que llama la atención es la

inadecuada comprensión de lo que es Ejecutivo. Más de un parlamentario fundamentó la postergación del debate

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argumentando que primero se debería escuchar al Premier y su propuesta del "Nuevo Plan VRAE". Se debe precisar que el

"Nuevo Plan VRAE" es en esencia un Plan del "Ejecutivo Nacional" del actual Gobierno Nacional, consultado con el "Ejecutivo Regional" de tres Gobiernos Regionales y el "Ejecutivo Local" de cinco Gobiernos Locales Provinciales y catorce Gobiernos Locales Distritales activamente vinculados alrededor de la Mancomunidad VRAE. De allí se deriva la poca legitimidad del Nuevo Plan VRAE, al no ser reconocida ni totalmente asumida por los otros dos niveles de Gobierno. En consecuencia, ¿se requiere de una instancia de coordinación intergubernamental? ¡Por supuesto que sí!

Esto nos lleva al segundo tema de debate. ¿Qué

rol le tocaría jugar a la instancia de coordinación intergubernamental? Justamente, lo que requiere el Plan VRAE: Articulación y legitimidad. El Gobierno Nacional no es el "estado mayor", ni los Gobiernos Locales "estados menores". ¡Todos son Estado!, en consecuencia requieren sentarse como partes iguales para articular sus planes (y no solo las del Gobierno Nacional), asumir corresponsabilidades y legitimar el consenso. La Junta Intergubernamental del VRAE, de crearse mediante ley, no suplantará las funciones de ningún nivel de Gobierno, contribuirá a articular las intervenciones y a generar el consenso que tanto demanda el VRAE.

Parlamentarios de Unidad Nacional han acusado a la propuesta de la Junta de

burocratismo ineficaz y asambleísmo, comparándola con la fracasada experiencia del FORSUR. Lo cierto es que el FORSUR necesitaba ser un ente "enteramente ejecutivo" por la dimensión de la urgencia de las tareas de reconstrucción del sismo de Pisco. El error fue convertir al Estado Regional y Local, de carácter ejecutivo, en un "directorio-asamblea" que terminó desnaturalizando sus funciones y responsabilidades ejecutivas en la reconstrucción, cuando se debió articular los esfuerzos ejecutivos de los tres niveles de gobierno en la reconstrucción del sur.

Justamente se pretende corregir el error de FORSUR con la creación de la

Junta Intergubernamental al plantear la articulación de las acciones de los tres niveles de gobierno. A diferencia del sismo, el narcotráfico y el terrorismo son problemas de largo aliento, que demandan no solo articulación, sino sobre todo creación de consensos. Unidad Nacional también ha cuestionado el "asambleísmo" de la composición de la Junta, que congregaría a 19 representantes de las tres instancias de gobierno. El tema de fondo es que se requiere construir acuerdos políticos sólidos y firmes para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo, y eso pasa por el mal

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^{2 Nolberto Lamilla, Coordinador Regional de Paz y Esperanza Ayacucho.}

llamado "asambleísmo". ¿A qué nivel se construyeron los acuerdos que permitieron derrotar estratégicamente a Sendero? ¡A nivel de comunidad! ¿En qué instancia? ¡En las asambleas comunales! Es decir, fue

"asambleísmo puro" lo que permitió la derrota del terrorismo y el triunfo de la democracia, basado en la participación de las comunidades campesinas y de los que ahora llaman "narcoterroristas".

Finalmente, está el tema del

papel del Ejecutivo y el del Legislativo. El Ejecutivo, en sus tres niveles tiene que articular y ejecutar planes de desarrollo, pacificación y seguridad. Para viabilizar y hacer de manera eficaz su intervención requiere de una instancia legal, una Junta Intergubernamental. El Legislativo tiene que facilitar el accionar del Estado y exigirle cuentas al Ejecutivo. Para ello tiene que dar leyes que adecúen el accionar del Ejecutivo al complejo contexto del VRAE. El Legislativo no debe postergar ni subordinar su accionar al del Ejecutivo, debe debatir ya y sancionar el Proyecto de Ley que crea la Junta Intergubernamental del VRAE.

El VRAE se merece un mejor futuro por todo el aporte que hizo para pacificar el país. Sus autoridades y representantes tienen una gran oportunidad para dar un giro de timón a la situación del VRAE. El Gobierno tiene una inigualable oportunidad para demostrar capacidad en la resolución de problemas complejos del país. Nosotros, los ciudadanos de a pie también tenemos la oportunidad de aportar al cambio en el VRAE, informándonos, participando y contribuyendo en eventos como éste y vigilando el cumplimiento de compromisos de los actores involucrados.

Si no unimos esfuerzos ahora, no nos lamentemos mañana.

Nolberto Lamilla

2 (comentarista):

Desde la institución y desde mi persona existe una preocupación sobre todo por el tema de seguridad y el tema del respeto a los derechos humanos por ahí va mi reflexión básicamente focalizado en la atención en este proceso. Lo que plantea Víctor Belleza es una mirada general, ciertamente hay planteamientos concretos en cada componente que será materia de análisis durante los días siguientes, pero no queda claro el plan que presentó el Primer Ministro. Hay ejes temáticos en concreto como el desarrollo económico, social, el tema de seguridad y el tema de la participación.

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Siempre pensamos, cómo atacar la raíz del problema que es la presencia del narcotráfico y la presencia de lo que reivindica Víctor Quispe Palomino de la denominación Sendero Luminoso, o es un cliché o un invento de estrategias militares y policiales; lo cierto es que esta allí columnas armados que reivindican el nombre del PCP (Partido Comunista del Perú). Por otro lado el tema de la población civil que se dedica al cultivo de la coca, ciertamente hay grupos que han ido progresivamente abandonando y se están dedicando a cultivar otro tipo de productos, que están pretendiendo vivir de eso. El otro factor es la presencia de las Fuerzas Armadas, al parecer con una consigna clara, que es básicamente la lucha contra la subversión. Como verán hay diversos actores, hay grupos humanos cumpliendo roles diferentes, actuando e interactuando entre ellos, pero lo cierto es que siguen los rezagos de la subversión que están apostados en esa zona, algunos ya salieron hacia Oreja de Perro, a las alturas de San Miguel, Tambo, Junín, Pangoa, y otros. En esa zona hay mucha población que viene jugando diversos roles en este escenario de conflicto, de inseguridad ciudadana que existe a lo largo y ancho del VRAE.

¿Cómo hacemos con la presencia del narcotráfico? Es un problema ya de muchos años atrás y se mantiene porque hay producción de coca. Hay coca porque hay población campesina que se dedica al cultivo de la coca, también hay poblaciones que producen la coca para el chacchado pero el volumen es poco. El problema es por qué la población no cultiva otro tipo de producto, porque el precio y la oferta de esos productos alternativos no son suficientes para ser un atractivo para que la población campesina pueda abandonar el cultivo de coca. Eso está clarísimo y la pregunta es ¿por qué?, hay un programa de acceso al mercado, de rentabilidad del producto y allí estas alejado del mercado, de las vías de comunicación, la falta de oferta, o si yo quiero acceder a otro mercado como Huamanga, Lima, obviamente hay costos de flete. Allí hay factores muy concretos que no posibilitan que la población transite de un cultivo de la coca a otro tipo de cultivos. Y diríamos también que la gente está habituada a la producción de la hoja de coca por el tema de la rentabilidad porque sacan 3 ó 4 cosechas al año y te compran en la chacra, no tienen que llevar en caballo o en vehículo, simplemente les compra el acopiador por doquier y la gente se ha acostumbrado a eso.

Por otro lado es el tema de la insuficiente presencia de Estado, que se hace visible por la ausencia de infraestructura, no se ha avanzado mucho en el tema de las vías de comunicación. Hay varios proyectos en proceso, la articulación de vías con San Martín de Pangoa, simplemente no hay voluntad política, la otra vía es por Santillana, Putis,

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Choimacota, al parecer hoy está suspendido simplemente por falta de una visión política democrático o de oportunidad del Gobierno Regional de Ayacucho que no presentó un perfil a la Unión Europea y no era un dinero del fisco público, sino venía un aporte de la Comunidad Europea. Así como hay otros sectores por el lado de Huancavelica con carreteras inconclusas. Hoy día con estupor leíamos en el periódico cómo los tres funcionarios del Gobierno Regional han negociado el presupuesto del 2008, y había un presupuesto de 14 millones para la construcción de un puente que no se sabe en qué se gastó simplemente se han orientado a otro tipo de necesidades y desapareció, y era un presupuesto aprobado por el Consejo Regional. Ciertamente es una suficiente muestra de ausencia de presencia de Estado. Si hablamos de seguridad ¿cuántos puestos policiales hay en el VRAE? ¿Cuántos efectivos policiales están desplazados en la zona? ¿Cuántos juzgados de paz existen? Todos sabemos que es usual encontrar en los ríos cuerpos de personas, que es una cosa de todos los días en el VRAE. Hay un problema de inseguridad tremenda, entonces cuando no hay presencia de Estado obviamente el narcotráfico va encontrar un espacio adecuado, oportuno para ensanchar sus bases y consolidar sus recursos. Si no se trabaja el tema de desarrollo económico, el acceso de la población al mercado, si no se mejoran las vías de comunicación no se avanzará. Se trata el tema de justicia con puestos y comisarías. Todos sabemos que los comités de autodefensa que todavía están en estas zonas tampoco son considerados, no son parte de este proceso o de los planes y no se les considera a sabiendas que ellos tienen un papel, un rol importante, a pesar que ellos tienen una amplia experiencia en la lucha contra la subversión y al parecer no han sido considerados en el tema de Vizcatán. Se sabe que allí se ejecuta el Plan Excelencia, hay un volanteo por el aire para persuadir a la gente que está en las columnas se replieguen y salgan libres, pero ¿qué hay de la comunicación con respecto de la población civil que está en toda esa zona? No hay una comunicación adecuada, tampoco se considera estratégico la presencia de los comités de autodefensa, más del 70% de la población son gente que están empadronados que ni siquiera han sido evacuados. Finalmente según las investigaciones en el caso de la familia Lucy Pichardo, allí se han encontrado proyectiles de nueve milímetros donde dan cuenta que fueron oficiales militares quienes perpetraron.

Por otro lado desgraciadamente los que están luchando al frente son reclutas inexpertos y adolescentes. Según información de la Defensoría del Pueblo hay 50 reclutas que han sido dado de baja por ser menores de edad.