domingo, 17 de febrero de 2013

Protocolo de Tesis de Maestria en Salud Publica I



LA PARTICIPACION COMUNITARIA COMO NUDO CRITICO EN EL PROCESO SOCIAL DE DESCENTRALIZACION DE LA SALUD. ( Parte I )

PEDRO ENRIQUE QUIÑONES FIGUEROA
Facultad de Salud Publica
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha sostenido que existen tres etapas principales en la política de bienestar social de los países del Norte de Europa Occidental. Durante el periodo de formación  y de mercantilismo basado en teorías de dependencia y protección.

Hasta fines del siglo XIX prevaleció el enfoque paternalista. En el periodo de industrialización y liberalismo -en el siglo XIX- el enfoque predominante fue el laissez-faire, que propendía que los pobres fueran responsables de si mismos. En el siglo XX, tercera fase que cuenta con el gradual crecimiento del bienestar social moderno.

Las transiciones que tuvieron lugar en algunos países europeos en décadas o aun en cientos de años, han ocurrido en el Perú en solo unos cuantos años. Esta aceleración de las etapas en la evolución de la política estatal, es análoga – y en parte consecuencia de ella- a la tendencia que existe en América Latina hacia una yuxtaposición de grupos políticos tradicionales y modernos.

En el Perú la Ley 13517 (Programa de urbanizaciones populares) comprometió al gobierno en programas que no pudo llevar a cabo, contribuyendo así a la atmósfera de crisis e inestabilidad de la década del 60.

 

Mientras que en Europa, los compromisos políticos amplios y formales ayudaron a solucionar los problemas del momento y acentuaron la legitimidad del Estado, en el Perú por el contrario, agravaron los problemas del momento y llevaron al país a una nueva etapa autoritaria.


Las causas de éste fracaso son complejas :

-           los problemas presentados por la existencia de partidos modernos tradicionales,
-           los problemas de las haciendas de la Sierra y a las invasiones de tierras;
-           se tuvo que reconciliar el poder de la élite exportadora y el deseo de modificar las relaciones del Perú con los inversionistas extranjeros,
-           el fomento de  la industria nacional y la necesidad de desarrollar un Estado más fuerte, y,
-           finalmente, satisfacer las exigencias de bienestar social de las masas,

 en un momento en que el Perú era todavía un país relativamente pobre y subdesarrollado,
con un Estado y una burocracia ineficiente. COLLIER 78.

Estas figuran como los antecedentes de las estrategias gubernamentales e  inversiones en el desarrollo de los Recursos Humanos y en los Programas de reducción de la pobreza.:  los países en desarrollo y los donantes deben aumentar la eficacia de la ayuda externa para salud.

Se considera en especial el uso eficaz del financiamiento:

-           Aumento de las Inversiones en  las medidas básicas del Salud Pública y Servicios Clínicos esenciales,
-           Fortalecer el marco de Políticas y Reglamentación de seguros y a la presentación de servicios, entre otros.

Otras políticas generales incluyen

-           Fomentar un entorno que permita a las unidades familiares mejorar su salud:
-           Aumentar la inversión en educación en particular para las niñas,
-           Seguir políticas de crecimiento economico, que beneficien a los pobres y
-           Proteger derechos y condición de las mujeres.

Los proyectos gubernamentales deben desarrollar la gerencia local y mejorar la utilización de los recursos, con un mayor involucramiento de los grupos de impacto y el trabajo conjunto de donantes y receptores.

La sustentabilidad de los proyectos incluyen:

-           Los cambios en la política que deben ser acordados, especialmente en el nivel identificado como de descentralización.

La noción central de sustentabilidad tiene entre sus requisitos el activo involucramiento de los lideres locales debiendo ser considerados en el Proyecto. QUIÑONES 96. (tomado del informe Invertir en Salud. BANCO MUNDIAL. 1993.).

En el marco nacional y regional se han planteado los 10 lineamientos del Sector Salud, entre los que se incluyen

-           Descentralización y regionalización y la priorización del ámbito local.

-           En la priorización del ámbito local las acciones de salud se inscriben dentro de las acciones de individuos, familias y comunidades en el proceso de desarrollo local enfatizando la participación social, la acción intersectorial y el uso de tecnologías sanitarias apropiadas.

En el ámbito comunitario la población peruana ha desarrollado múltiples y creativas practicas sanitarias integradas al desarrollo, entre ellos la construcción de infraestructura sanitaria básica, así como la de servicios.

Ha ido generando así diversos agentes sanitarios que tienen en la madre de familia a su representante primario , a partir del cual surgen otros actores como son los promotores de salud , el vaso de leche , los comedores populares,   etc.

Esta red sanitaria ha ido creciendo y relacionándose con actores institucionales con   actores institucionales como la iglesia; instituciones no gubernamentales y gobiernos locales, logrando un nivel de acumulación de experiencias.

Participación comunitaria.

Asi, se ha establecido que

-           La articulación local buscará prioritariamente al desarrollo de la infraestructura de servicios, el desarrollo programas de salud específicos y la utilización óptima de los recursos.

-           Todo proyecto debe desarrollar y articular los recursos humanos en los procesos de trabajo que atañen a la salud del conjunto  de actores sociales vinculados a organizaciones sociales representativas de la población y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

-           Se debe proporcionar que los actores sociales no sólo interrogan en la producción de salud y educación, sino que sean  autores sociales que den sentido y significado a ser productores de un mejor destino para el pueblo. Peruano. ENSAP. 92.

En el Perú contamos con una rica tradición de participación social que también se expresa en el campo de la salud.

En 1925 el Dr. Manuel Núñez Butrón como responsable de la Región de Salud del Altiplano convocó a personal voluntaria definido como Prijchary. Esta experiencia culminó en 1937 luego de haberse extendido a 17 distritos de Puno.

Pero,la historia de la participación popular en salud esté marcada por la intencionalidad estatal de control social del campesinado .Entre 1950 y 1959 se desarrolló un Programa Integral Rural en la Región del Altiplánica con participación interministerial y apoyo de la OIT, OPS-OMS y UNICEF. Al término del financiamiento el programa fue paulatinamente decayendo.

Desde entonces se han implementado una variedad de proyectos locales en la capacitación de APS llevados a cabo por los Ministerios de Salud, Trabajo, Educación, Universidades, grupos religiosos y otros.

Se postulaba ya la participación de la comunidad en el equipo de salud, a través de miembros a los cuales se les daría un entrenamiento intensivo y breve con lo cual desempeñarían funciones de salud con eficacia y seguridad.

Además se señalaba que la comunidad debía participar a través de organización desde los niveles de planificación.

Estos comités de salud fueron desactivándose paulatinamente.

En el Ministerio de Salud, a pesar de haberse planteado iniciativas descentralistas e instrumentos jurídicos adecuados para la reorganización estatal, éste aún permanece básicamente inalterado.

La orientación de los lineamientos de salud pudo haber creado un espacio para el desarrollo de la descentralización y de la participación social organizada. QUIÑONES. 88.

2.- JUSTIFICACION

( Human Rights, Health and Poverty Reduction Strategies. WHO, VILLAR MONTESINOS, Eugenio. 2000 )

Many countries design what is commonly known as a Participatory Action Plan (PAP).  Its
implementation means : transparency and accountability through monitoring and evaluation. Implementation inevitably requires adjustments. It may require institutional reform and reorganization at different levels from the central government down to the service providers and local authorities.

International commitment and responsibilities

Many middle- and low-income countries may well be dependent upon the financial and technical support of donor partners to implement their Poverty Reducing Strategies.

A shared responsibility

The Monterrey Consensus agreed by governments in March 2002 noted that not only were additional domestic resources required, but also increases in international financial flows and international trade will be needed as well as financial and technical cooperation together with sustainable debt financing and debt relief.

The principles of good “donorship”

Development partnerships need to be grounded in national leadership and ownership which are, in turn, underpinned by democratic and participatory processes.  Donor governments inevitably work closely alongside national governments in designing and implementing Poverty Reduction Strategies.

Predictability of resource flows is a key issue; it allows governments to plan the use of aid over the long term. The right to participation is recognized throughout the Poverty Reduction Srategies process and is reaffirmed in many donor policies.

In practice, however, it is essential that donor governments recognize that effective participation requires funding and support.  Incorporating indicators for donor recipients and donors themselves to report on participation in all phases - the design, implementation and monitoring  of Poverty Reduction Strategies may be a way of ensuring that participation actually happens in practice.

Countries worldwide are making considerable efforts to achieve the Millennium Development Goals (MDGs), that aim to dramatically reduce poverty, ill-health and inequality, as well as increase access to education and improve environmental stability. For most, these efforts are channelled into designing and implementing a national Poverty Reduction Strategy (PRS).

Operationalizing and realizing human rights principles in practice is rarely straightforward, particularly in view of the financial and political constraints faced by all countries.  Nevertheless, there is increasing evidence that human rights principles can and have been successfully used to underpin strategies and initiatives designed to help poor and marginalized communities, whether at the early planning stages or later in implementation, monitoring and evaluation. 

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