La corrupción y la fragmentación política amenazan la democracia del Perú

THE ECONOMIST - Bello
Divide y soborno
La corrupción y la fragmentación política amenazan la democracia del Perú

 En una encuesta de opinión reciente, casi la mitad de los encuestados dijeron que creían que si Luis Castañeda fue elegido como alcalde de Lima que "iba a robar, pero haría las obras públicas". En las elecciones regionales y locales del Perú el 5 de octubre el Sr. Castañeda, quien niega que él es corrupto, cree debidamente ganado el puesto. Muchos limeños recuerdan que, en el puesto de trabajo en 2003-10, construyó hospitales municipales en las zonas más pobres y escaleras de hormigón en barrios de chabolas.

Elección del señor Castañeda es un testimonio de cinismo de los peruanos sobre los políticos, sobre todo los locales. De los 25 presidentes regionales salientes, 22 están siendo investigados por malversación de fondos. Tres están en la cárcel en espera de juicio; cuarto es un fugitivo. Una de las personas en la cárcel por presuntos sobornos, Gregorio Santos, activista de extrema izquierda contra las empresas mineras, fue reelegido como presidente de la región norteña de Cajamarca, donde se le ve como un mártir político.
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La corrupción generalizada en los gobiernos sub-nacionales es en parte una consecuencia de la forma errónea en que Perú ha descentralizado el poder. Desde la época de los virreyes españoles que gobernaron la mitad de América del Sur desde Lima, Perú ha sido excesivamente centralizada. Descentralización siguió una tendencia en las democracias nuevas y restauradas de América Latina. Pero en la práctica, argumenta Alberto Vergara, politólogo, lejos de solucionar los problemas del país, la descentralización se ha agravado porque los líderes nacionales fueron capaces de lavarse las manos de ellos.

 El gobierno en 2002 optó por dar estatus regional a 25 departamentos existentes; además, hay 196 provincias y 1.846 municipios-todos para un país de sólo 31 millones de personas. En comparación con Chile o Colombia, el Perú tiene una gran cantidad de duplicación, dice Carlos Casas, ex viceministro de Economía.

Los planes para fusionar regiones fueron derrotadas en referendos. Responsabilidades y dinero se delegan sin tener en cuenta la escasez de gestores cualificados en los gobiernos locales y la falta de auditoría y control sobre sus gastos. En Colombia, por el contrario, los municipios sólo más grandes y con mejores resultados han obtenido el control de la salud y la educación, señala Alberto Rodríguez, del Banco Mundial.

Algunos gobiernos subnacionales han hecho la mayoría de sus nuevos poderes. En los Andes alcaldes han construido carreteras que transforman la economía de su pueblo mediante la conexión a los mercados nacionales. Moquegua, en la costa sur, ahora tiene las mejores escuelas del país. Pero que resiste a la tendencia.

La descentralización coincidió con un auge económico. Los gobiernos locales fueron inundados de dinero, sobre todo las 13 regiones que reciben una destinó 50% de participación en el impuesto sobre la renta pagado por las empresas mineras y petroleras. El resultado es que dos tercios de la inversión pública está ahora a cargo de los gobiernos sub-nacionales. Algunos infrautilización. Pero esta bonanza no controlada ha estimulado la captura de los gobiernos locales por parte del crimen organizado. En Ancash, al norte de Lima, el presidente regional encarcelado acusado de asesinato, espionaje y malversación de fondos a escala industrial.

Hay poco esfuerzo para hacer que los gobiernos locales a rendir cuentas. Eso es en parte porque ellos mismos recogen sólo 1,5% de los ingresos fiscales totales, frente al 6% en Colombia, según el Sr. Rodríguez. Todos menos un par de las regiones están a cargo de los independientes que representan a los movimientos locales ad hoc en lugar de los partidos nacionales. Con más de 100.000 candidatos en 05 de octubre, un escrutinio detallado de sus antecedentes y fuentes de financiación era imposible, señala Carlos Basombrio, un consultor político.

La descentralización es un síntoma de la debilidad de la democracia peruana y no su causa. Las instituciones nacionales se han contaminado, también: el fiscal, Carlos Ramos, y su antecesor son ambos bajo investigación por vínculos con la pandilla de Ancash (que niegan), mientras que decenas de legisladores se enfrentan a acusaciones de corrupción. El gobierno del presidente Ollanta Humala tiene los medios legales de recuperar el poder y el dinero de las regiones disfuncionales, pero ha optado por no hacerlo.

Injerto descentralizada de hoy no está en la escala de la década de 1990, cuando el presidente, Alberto Fujimori, y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, colocan las instituciones nacionales al servicio de un esquema de extorsión inmensa. Pero es especialmente preocupante porque la economía ilegal ha crecido. Perú es actualmente el mayor productor de cocaína del mundo; la extorsión y la minería ilegal y la tala, han proliferado.

Todo esto es una prueba de la debilidad del Estado democrático. El rápido crecimiento económico pueda haber anestesiado peruanos. Pero la economía se está desacelerando. Austeridad encendería intolerancia a la corrupción, y sentar las bases para un populista-simplemente autoritario como el señor Fujimori.