sábado, 11 de febrero de 2012

¿ De donde nace el narcotrafico ? CIDDH, 2010. ( II )


1.   Si el modelo no chorrea…
No obstante, no ocurrió lo mismo ni con el “chorreo” (carácter cualitativo del crecimiento), ni con la reforma del aparato institucional del Estado (Justicia, Policía, Regionalización). Aunque reduciéndose, la pobreza todavía es de 36.2% y la pobreza extrema es de 12.6% (2008).
La incidencia de la pobreza por departamentos, indican que Huancavelica (82,1), Apurímac (69,0), Ayacucho (64,8) todos regiones afectadas por el narcotráfico, son las más pobres[1]. Ni el escenario del VRAE ni su población -donde desde diciembre del 2006 se aplica el “Plan VRAE” como política de Estado-, han sentido los efectos del crecimiento económico, de los TLCs, o la estabilidad. Los niveles de pobreza extrema en las provincias de La Mar (53.7% y Huanta (37.6%), son elocuentes[2].
En términos del mercado de trabajo, en el 2008 había en el Perú 4% de desempleo y 46% en el sub empleo (INEI). Es decir, los diversos mercados informales existentes ven facilitadas sus actividades ilícitas (tráfico de drogas, personas o bienes), o, en la frontera de lo ilícito (contrabando, corrupción), por este importante estrato de informalidad, que no ha podido reducir ni la política neoliberal, ni los programas sociales de los gobiernos de turno.
La informalidad y su caracterización hoy exceden los límites planteados en los trabajos de Hernando De Soto. Incluye diversas prácticas, sistemas, ordenamientos y estructuras que son usadas por distintos segmentos de la población marginados del éxito económico. Se ha expandido a otros ámbitos y constituye hoy un sector importantísimo, en las comunicaciones[3], en las relaciones con la autoridad y el Estado, en la política, entre otros, incluyendo las actividades que se desarrollan en la ilegalidad y el narcotráfico, es el caso de las zonas productoras y las fronteras del Perú. Muchas comunidades en las localidades de Aguas Verdes, Tacna, Juliaca y el Trapecio Amazónico se realizan a partir del contrabando de bienes lícitos e ilícitos (drogas, municiones, armas, insumos).
La Distribución del PEA en el Perú. Relaciones con el Problema del Narcotráfico. Es de 13´668,888 de peruanos (as) de acuerdo a las cifras del MEF para el 2010. Ahora, veamos las cifras para Lima Metropolitana (2008).
Cuadro Uno: Población y Fuerza de Trabajo en Lima (2008)[4]
Poblacion en Edad de Trabajar (PET)
6´489,756
Poblacion Economicamente Activa (PEA)
4´307,369
Ocupados
4´029,941
Subempleados
1´437,513
Por Horas
   357,235
Por Ingresos
1´080,278
Adecuadamente Empleados
2´592,428
Desocupados
   277,428
Poblacion Inactiva
2´182,387

La actual composición del mercado laboral en una ciudad como Lima, pensamos que tiene consecuencias catastróficas por la influencia de muchas actividades conexas al narcotráfico, especialmente sobre los sectores sociales con menos recursos: especialmente en el tráfico de combustible, de precursores químicos, de servicios de transporte y almacenamiento de drogas, como lo puede acreditar el aumento incesante de las personas detenidas por la Policía, procesada por la justicia y encarceladas en el sistema, todas por delito de TID.
 Cuadro Dos: Internos por TID en Cárceles peruanas[5].
2005
5592
2006
5791
2007
7104
2008
7328
2009
7160

No solo nos referimos a los campesinos cocaleros a quienes dedica atención el gobierno, cuando se trata de la erradicación. En realidad solo el 15.9% del PEA nacional, corresponde a los campesinos, y de éstos, una mínima parte son cocaleros, lo cual pues no constituye una fuerza demográfica importante, además de tener agendas diversas y dispersas. Mas bien, numerosos candidatos de “burriers”, mulas, “mochileros”, paqueteros, taxis/choferes, etc están disponibles en los barrios de las capitales de provincia, listos para ser captados por las organizaciones que siguen traficando PBC/HCL dentro y hacia fuera del país. Según fuentes policiales de la DINANDRO, solo hasta el 15 de agosto del 2010, 8,195 personas habían sido objeto de detención policial por problemas relacionados a las drogas.
Otro problema que ha ayudado a consolidar la presencia del narcotráfico en el Perú, tiene relación con la Reducción del Estado. Los procesos de privatización conllevaron la desaparición de la actividad empresarial del Estado, pero también ha hecho reducirse la capacidad de control administrativo en las entidades públicas. Cabe destacar el rol de PROINVERSIÓN entidad encargada de la venta de los activos del Estado, sus empresas, bienes y servicios, dejó en manos privadas actividades que anteriormente habían tenido manejo público[6]. Particular es el caso de ENAPU y el desmantelamiento de industria naviera y en la concesión de los principales puertos peruanos: Paita, Bayóvar, Talara, Salaverry, Chimbote, Callao a un duopolio conformado por DPW y otro, Mollendo, Matarani. Ello si tiene un impacto negativo en las posibilidades de control de esos sitios estratégicos para el embarque de mercancías. Lo mismo puede decirse de los organismos encargados de fiscalizar el desvío de insumos y precursores químicos, o de lavado de dinero.
Uno que requiere particular interés es el proceso de concesión realizado con los aeropuertos, como el internacional Jorge Chávez de Lima a la empresa Lima Airport Partners, pese a que este paso ha significado convertirlo en un aeropuerto moderno y medianamente eficiente. La licitación fue ganada el 15 de noviembre del 2000, el mismo año del inicio del repunte del narcotráfico en el país, bajo la nueva modalidad de uso intensivo de medios marítimos y el uso de los “burriers” aéreos.

La desaparición de CORPAC, la concesión  ventajosa de rutas aéreas, y su entrega a la administración privada, hicieron perder el control especialmente para evitar el tráfico de drogas ilícitas. Si analizamos la importancia del trasiego de drogas por el aeropuerto internacional, nos daremos cuenta de la importancia de este medio y este procedimiento. Otra situación similar se presenta en la concesión de aeropuertos menores como es el caso de Huancabamba, en Andahuaylas, cuya privatización originó movilización y protesta de comunidades[7]. Constatamos pues, la reducción al mínimo de la capacidad de control del Estado, tanto de los organismos reguladores de los servicios públicos, como de la propia actividad policial.

La Suscripción de diversos TLCs y otras formas asociativas[8]. Primero con EE.UU en vigor desde febrero del 2009, con Chile (2006), Tailandia, China, EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio que entrará en vigor el primer trimestre del 2011. El año 2010, se aprobó el Acuerdo de Asociación Comercial de Perú y Colombia con la Unión Europea, un mercado de 500 millones de personas), excluyendo temporalmente a los otros dos países andinos; el Perú aún se encuentra negociando los respectivos instrumentos con el Japón, Corea, países centroamericanos,  México (acuerdo  de complementación económica del 2006) y en el futuro, posiblemente con Taiwan. Adicionalmente, aparece una nueva fórmula comercial, con los países pertenecientes al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), denominado el Trans Pacific Partnership Agreement, que tiene los mismos problemas de los anteriores.

Por un lado, se produjo el incremento sostenido de las exportaciones peruanas a los diversos países con los que tiene suscritos convenios comerciales hasta llegar a más de US$ 30,000 millones anuales el 2009, aunque mayoritariamente compuesta de minerales y harina de pescado. Pero la apertura ha sido desigual. Existen normas dadas en EE.UU, como el Certified Cargo Screening Program, que exige el escaneo de toda la carga transportada por vía aérea, incluso la perecedera. Algo similar ocurre con las disputas comerciales entre México y EE.UU, pues este último impide el ingreso de camiones mexicanos de transporte, en territorio americano[9].

Esto tiene un impacto directo en aumentar las posibilidades de las organizaciones internacionales de traficantes de usar los instrumentos comerciales tradicionales, en el envío de cargamentos de droga a los países con los que se ha suscrito dichos acuerdos comerciales. Para ello, como lo demuestra el caso peruano, se aprovechan los mecanismos de favorecimiento comercial que existen. Las propias autoridades de DEVIDA reconocen que el 80% de la droga que sale del país, lo hace por vía y medios marítimos[10].

Cuadro Tres: Incautación de Drogas Cocaínicas. Policía Nacional.


2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 PBC
9.011
6.274
10.439
4.366
6.346
4.583
5.116
6.261
11.375
9.914
6.115
HCL
2.837
2.915
4.129
3.574
7.304
11.763
14.667
8.119
16.836
10.744
11.451
total
11.848
15.463
14.568
7.94
13.970
16.346
19.783
14.38
28.211
20.658
17.566


Por otro lado, se produce la apertura de mercados internos para productos extranjeros con fuertes impactos en mercados concretos, como el de textiles en Gamarra en Lima[11]. En el 2009, las exportaciones de ropa a EE.UU cayeron en 28%, pero en realidad toda la balanza comercial con EE.UU es favorable a ellos[12]. La situación se agrava en el campo, especialmente en la Sierra y Selva de donde provienen gran parte de los cocaleros. Así, los gobiernos establecen políticas que no protegen a los pequeños campesinos, agricultores pequeños y benefician a los grandes establecimientos agroindustriales (Grupo Romero y otros). Los últimos gobiernos peruanos, tienen una débil política sobre aranceles, restricciones  y salvaguardias frente a las enormes vallas proteccionistas de EE.UU, de UE y los países asiáticos (OCDE), con lo cual, debilita a los pequeños productores particularmente en la Sierra y en la Selva, limitando los impactos del “modelo San Martín” en los cuatro cultivos tradicionales: cacao, café, palmito y palma aceitera.  

Peor aún, son los impactos sobre regiones productoras de coca como el VRAE o el Huallaga. ¿Por qué es más ventajoso para los productores denominados cocaleros, dedicarse parcialmente a los cultivos con fines ilícitos? Porque a la inversa de lo que ocurre con los programas públicos o privados, el narcotráfico le entrega al campesino cocalero adelantos económicos para financiar la siembra, tecnología para un mayor rendimiento, asesoría y abastecimiento de productos para cuidar los cultivos, mejores precios en chacra, agro industria en la misma zona y entrega de insumos. Ni la economía estatal, ni la economía privada lícita han logrado mejores resultados.

En esas regiones, cuyas canastas alimenticias están basadas en aceites industriales, alcohol,  harinas, gaseosas y café instantáneo, todos provenientes de fuera del país o de fuera de la región, no existen políticas preferenciales para productores colonos empobrecidos. En el caso del TLC con EE.UU, se produce el aumento de las exportaciones agrícolas de maíz procedente de EE.UU al Perú: 167%, 572,000 toneladas, por US$ 117 millones[13]. Habría que preguntar si los campesinos maiceros o arroceros de la Selva Alta, tienen forma de integrarse al programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC) del Ministerio de Agricultura, que requiere de RUC, formas asociadas y la no calificación como morosos por el sistema financiero.
Por ejemplo, el crecimiento del sector de agro industria en la Selva Alta, o del sector hidro biológico asentado en la costa peruana (ver Cuadro), permite que puertos como Paita, Chimbote sean fuertemente utilizados por los traficantes, a través de la creación de empresas exportadoras ficticias.   
Cuadro Cuatro: Desembarque de Recursos Hidrobiológicos Marítimos y Continentales ™[14]
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
6´097,525
9´618,498
9´400,262
7´027,715
7´230,680
7´423,305
6´934,968

Por otro lado, uno de los impactos no queridos del IIRSA y la construcción de la infraestructura, tal como ocurre con la Interoceánica Sur (US$ 1,700 millones), es que van a permitir el auge económico, pero también el aumento de actividades ilícitas –entre ellas el narcotráfico- con destino a Acre y Rondonia (potenciales mercados brasileños de cocaína) y destino final en las “mega ciudades” de Sao Paulo y Río de Janeiro.
La proyección y el impacto de la actividad minera en el Perú. En los últimos años, gran parte del crecimiento económico está sustentado en el auge del mercado de los productos mineros tradicionales, principalmente cobre, oro, plata, zinc y otros, como son los casos de mega concesiones como Antamina (Ancash), Yanacocha (Cajamarca), Cuajone Toquepala (Cusco), Tambogrande (Piura), Rio Blanco, Majaz (Piura), mega proyecto Toromocho (Junín).Ello incluye, por supuesto, la problemática de la minería artesanal (aproximadamente, 70,000 personas que generan US$ 200 millones anuales).

Cuadro Cinco: Producción Minera[15]


2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Cobre
554
722
845
843
1036
1010
1048
1190
1268
Oro
 132,585
 138,522
 157,530
 172,625
 173,224
 208,002
 202,002
 170,236
 179,870
Zinc
910
1057
1233
1374
1209
1202
1203
1444
1603
Plata
 2438
 2571
 2870
 2924
 3060
3206
 3471
3501
3686

Actualmente, la actividad minera ocupa el 67,6% de las exportaciones del Perú (2008), aparte de las empresas extranjeras existen familias peruanas que son propietarias de verdaderos grupos: Benavides, Hoshchild, Barrick, etc. Como resultado, los procesos de refinación/fundición de mineral producen una oferta local de ciertos productos químicos derivados (los denominados precursores como el ácido sulfúrico y clorhídrico), entre ellos el ácido sulfúrico/clorhídrico y otros que también se usan en la actividad ilícita de procesamiento que ocurre en el interior y en la vertiente oriental de los Andes. Por ejemplo, la fundición de cobre de Ilo (Southern Peru) es el segundo proveedor de la región con 1,2 millones de toneladas/año[16].

Cuadro Seis: Incautación de Insumos Químicos (DIRANDRO).
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
177.6
86.1
510.5
397.7
303.2
584.9
203
863.2
474.5
498

Entre ambos circuitos comerciales, se desarrollan un conjunto de contrabandos y tráficos, especialmente por las diversas “trochas” y caminos secundarios que se encuentran por fuera de los circuitos carreteros. Por lo tanto, lo que ocurre entre las zonas altas de la sierra donde se encuentra asentado el sector minero (grande, mediano y pequeño) y las cabeceras de las cuencas y micro cuencas de la Selva Alta donde se asienta la industria ilegal del narcotráfico, es que se produce una simbiosis (complementariedad) económica, entre lo legal y lo ilegal.

El incremento evidente de la cantidad de insumos químicos utilizados por el narcotráfico, va de la mano con la disponibilidad de los mismos, debida al incremento de las actividades mineras en el país.

La apertura de mercados y la concesión de tierras agrícolas, Una de las características del modelo ha sido la liberalización del mercado de tierras, particularmente la concesión de espacios protegidos, áreas naturales, terrenos comunales, y en general las tierras amazónicas. Este proceso comenzó desde la época de Fujimori y se mantuvo a lo largo de estos años.  El aumento de las actividades de exploración y explotación, se realizó en detrimento de territorios comunales de pueblos indígenas amazónicos.

La conversión de la agricultura de las zonas de Selva Alta donde se puede producir cultivos ilícitos, en zonas de producción intensiva, monocultivos, y procesos agroindustriales. Los proyectos elaborados en el Congreso para limitar la propiedad, en realidad lo que pretenden es extender un techo muy alto de 40,000 hás.

Cuadro Siete: Concentración de Tierras[17].

Piura[18]
31,795
7 propietarios
La Libertad
97,967
13 propietarios
San Martín
20,000
1 propietarios
Lima
17,200
2 propietarios
Ica[19]
13,015
8 propietarios
Ancash
16,000
1 propietario
Total
225,657
34 propietario

A no ser que se conviertan en asalariados, en las regiones donde se produce la concentración se produce una creciente pérdida de población rural a través de procesos de migración interna, hacia Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo o ila incorporación a escenarios de economía ilícita o informal.  

La expansión del fenómeno de la concentración de tierras tanto en la Costa como en la Selva, se refleja con el reciente proyecto de ley tramitado en el Congreso, destinado a poner un límite en la propiedad rural, que resulta a todas luces excesivo: 40,000 hás. Cualquier limitación que se imponga, no puede ser genérica, debe corresponder a cada valle, cuenca o región.

En esta última, se produce un notable  incremento de la deforestación para la expansión de monocultivos (palma aceitera) para la producción de etanol; es un fenómeno reciente y con él se sustentan los efectos del denominado “Modelo San Martín” (DEVIDA dixit). Es el caso de la adjudicación de 3,000 hás en la zona de Barranquita, Provincia de Lamas, San Martín a la Empresa Agrícola Caynarachi S.A del Grupo Romero, para el cultivo de la palma aceitera. Otro es el proyecto Shanushi en frontera Loreto San Martín (8,000), Palma del Espino (12,000 hás) para contar un aproximado de 20,000 hás de bosque.   Siendo que ocupa el 75% del territorio nacional, la selva del Perú ocupa tan solo el 5,4% del valor agregado bruto por regiones, mientras que solamente Lima, ocupa el 52%, y el resto de los departamentos de la Costa beneficiarios de la agro exportación y el comercio internacional, el 27,3%. Ello explica el enorme desequilibrio entre el abrasivo centro de poder costeño[20] y el resto de las regiones del denominado Perú profundo, donde se asienta la ilegalidad en sus diversas modalidades. Y el modelo económico, no está haciendo nada, por reducirlo. Los impactos sobre la Amazonía son profundos, la velocidad de intervención y penetración sobre el bosque, es indetenible. Es un territorio donde los pueblos indígenas tienen 9 millones de hás en propiedad y 5 millones de hás en cesión de uso[21], pero donde aparece la teoría del “perro del hortelano” seguida por el gobierno y su presidente, y los que provocaron  Bagua, Camisea y otros conflictos. Es el caso de Lote 108 adjudicado en el 2005 a Plus Petrol[22], sobre más de 12,000 kms cuadrados en el VRAE, incluyendo territorio ashaninka y matsiguenga (OARA); de igual forma, con las actividades de Repsol en la Amazonía en general. ¿Es lo mismo aumento de la producción que desarrollo rural?

Ahora bien, pese a que la macro economía indica los resultados sorprendentes que avalan la promesa del Presidente García cuando asumió la presidencia, de superar a Chile en el 2016, hemos de observar que no ha afrontado con la debida fuerza los problemas sociales y económicos de la población peruana, los grados de desigualdad, marginación y pobreza que existen. La inclusión social todavía es un sueño nacional. Así, las actividades ilícitas se constituyen en una forma de supervivencia, en distintos planos.



[1] INEI,  Encuesta Nacional de Hogares, 2008.
[2] IDEI, “El Mapa del Narcotráfico” página 235, julio 2009
[3] MUJICA Jaris, “El Mercado Negro y las Estrategias Informales de Acceso a la Telefonía Móvil”, 2008
[5] Fuente: Observatorio peruano sobre Drogas www.opd.gob.pe 
[6] El Puerto de Paita, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y la Autopista del Sol, tramo Trujillo – Sullana, ya fueron concesionados. Están a la espera, un segundo paquete de aeropuertos, entre los que se encuentra el Mendivil Duarte de Ayacucho. En pocos años, los puertos y aeropuertos estarán en manos privadas. Panamericana Sur, tramo Ica-Chile; Autopista del Sol, tramo Sullana-Ecuador; Ferrocarriles Huancayo-Huancaveli ca y Cajamarca-Bayó var; Chavimochic; Majes-Siguas; la carretera IIRSA centro, que une el Callao con Pucallpa; las líneas de transmisión eléctrica Tintaya-Socabaya, Talara-Piura, Chilca-Marcona- Caravellí; etc., también serán concesionados. Ni siquiera se salva la Isla San Lorenzo o el Cuartel San Martín. CAVERO CARDENAS Jans Eric, “Ola de Concesiones”, junio del 2010.
[7] Otra Mirada, Informe 51: Réplicas del Descontento: Andahuaylas, Sicuani y La Oroya, 24 de junio del 2009.
[8] Promoción y protección de inversión, acuerdos de asociación y otros.
[9] Redge del 9 de Julio 2010
[10] Peruvian Times, 18 de agosto del 2009
[11] Según Enrique Fernández Maldonado, analista económico, señala que el BID anuncia diversos impactos de los TLC con EE.UU, China y UE, en el mercado laboral, REDGE, Vigilancia Ciudadana con Enfoque de Derechos de los TLCs, 17 de junio 2010.
[12] FRANCKE Pedro, “TLC con EE.UU: Resultados Negativos”  Diario La primera, 20 de Julio 2010
[13] Redge, Boletín Mariategui, Viernes 9 de abril del 2010
[16] Business News, Americas Mining Intelligence Series, junio 2009
[18] Grupo Saturno, Alberto Caparó, Camposol, Grupo Romero, Acuícola Mustafá
[19] Empresas como Agroindustrias AIB SA, Sociedad agrícola Agrokassa, Icatom, IQF Perú, Agrícola Chapi, Agrícola Athos
[20] “Lima es sede del 70% de las diez mil principales empresas que general el 98% del PBI nacional; registra el 43,1% de los principales contribuyentes y el 58,4% de los medianos y pequeños. Asimismo,  Lima cuenta con la mayor densidad de red vial, un alto coeficiente de electrificación que llega al 99,5% de su población y un acceso a la red pública para la eliminación de excretas que alcanza al 84,1%” Plan Estratégico del Desarrollo Nacional 2021”
[21] RUMRRILL Roger, “Las Comunidades y el dorado del bosque amazónico”, publicado en  La Primera 3 de Mayo del 2010
[22] Aprobado por D.S. 036-2005-EM del 13 de diciembre del 2005.

¿ De donde nace el narcotrafico ? CIDDH, 2010. ( I )

El éxito del Modelo Económico Peruano. A cambio, el favorecimiento del Narcotráfico. Documento sobre Políticas Económicas Liberales y su Impacto en la Evolución del Tráfico Ilícito de Drogas.

CIDDH, Agosto 2010

1.   Objetivo.
El objetivo de este trabajo es el de analizar los diversos impactos de esta particular política económica –a partir de la revisión de sus principales ingredientes-, en un asunto específico: el desenvolvimiento de los cultivos de coca en los distritos de la Selva Alta, la cantidad de drogas natural y sintéticas producidas y comercializadas en el país y fuera de él, así como la formas y manifestaciones de las principales organizaciones criminales que han aparecido (nacionales e internacionales) dedicadas al tráfico de cocaína.  
¿Por qué el Perú conserva el segundo lugar en la cantidad de droga producida? ¿Por qué es más barato o eficiente realizar actividades de narcotráfico en el Perú? ¿Cómo el Perú resiste la crisis económica global del 2008, más allá de la demanda de recursos por China? Son preguntas que se explican a partir de la lectura de este trabajo.
A pesar que la mayoría de los cultivos ilícitos de coca, industria procesadora y las formas organizadas de transporte y distribución de drogas en EE.UU. se siguen hallando territorios de Colombia y México, respectivamente, el Perú conserva ciertas capacidades  y cualidades en este negocio que van  más allá, de la calidad del tipo de coca que se produce. No se trata solamente del denominado “efecto globo” provocado por las tareas de fumigación y del éxito del denominado “Plan Colombia[1] aplicado desde el 2000, o del denominado “modelo San Martín” en la sustitución de cultivos ilícitos en el Perú. Hay otras causas consustanciales al modelo de libre mercado, que han favorecido esta situación. En otras palabras, la forma como el ciclo organizado alrededor de la producción, tráfico y consumo ilícitos de cocaína, ha aprovechado enormemente las facilidades, los mecanismos y procedimientos, así como los compromisos que sustentan la actual economía de mercado en el Perú. 
Curiosamente, las agendas comerciales y de seguridad entre los EE.UU y los países andinos, no convergen y frecuentemente, se obstruyen de forma recíproca. Por ejemplo, en el año 2000, EE.UU promovió el “Plan Colombia” en el plano de la seguridad basados en la guerra frontal contra el narcotráfico y el terrorismo de las FARC a partir de la inversión  de hasta US$ 7,000 millones y hasta hoy, no ha suscrito el TLC con ese país con el que supuestamente, debería de reducir la influencia del narcotráfico en  ese país.
Por otro lado, EE.UU suscribe el TLC con Perú el 12 de abril del 2006, el mismo que entró en vigor el 1 de febrero del 2009, con el objetivo de eliminar los obstáculos comerciales entre ambos países, consolidar el acceso a bienes y servicios, y aumentar la inversión privada. Sin embargo, el paquete comercial no ofrecía una propuesta integral sobre las causas estructurales de la producción y  tráfico de drogas: la pobreza rural y la exclusión urbana. Siendo EE.UU el mayor consumidor mundial de cocaína y en circunstancias que el ciclo de la coca/cocaína vuelve al país con fuerza, éste debía ser un factor fundamental en el proceso de negociación. Más bien, los mecanismos comerciales intermedios, ATPA (1993) y ATPDEA (hasta el 2006), circunscribieron los beneficios comerciales al logro de metas en materia de erradicación e incautación de cultivos y drogas, respectivamente.


2.   El Estado Peruano, el Modelo y el Narcotráfico.
Las relaciones entre el narcotráfico y el Estado peruano, son relativamente antiguas. Se incubaron a partir del retorno a la democracia en 1980, con la historia del dueño de un diario, Carlos Landberg[2], quien en  septiembre de 1980, fue detenido por delito de narcotráfico con Pedro Idiáquez, entonces secretario personal de Haya de la Torre, máximo líder del APRA. Landberg fue vinculado a la adquisición de Villa Mercedes, residencia del líder histórico. En 1984, fue sentenciado a 14 años de prisión, pero logró salir antes con ayuda de Remigio Morales Bermúdez, hijo del ex presidente, aprista, posterior Ministro de Agricultura del Presidente García Pérez y actualmente, asesor del candidato y ex Premier de Alan García, Yehude Simon. En este período de tiempo, el Partido aprista ha tenido varios casos de relaciones peligrosas con personas vinculadas con el narcotráfico[3]. Otro caso sonado en la época acción populista (1980-1985), fue el del diputado aprista Miguel Angel Del Pomar (1988). Durante el período de vigencia del “fujimorismo” (1990-2000), Vladimiro Montesinos su principal asesor de inteligencia, tuvo creadas las redes criminales[4] que podían seguir traficando en la extracción de cocaína del Perú; simultáneamente, tenía buenas relaciones con la NAS/ DEA norteamericanas
Luego está el caso de Oscar Fernando Cuevas Cepeda, que formó un poderoso conglomerado asociado al Cartel de Cali. La foto de éste con el presidente peruano Alan García, fue tomada entre 1992 y 1995, cuando García estuvo exiliado en Colombia. Cuevas financió la revista Latino América Internacional, en la que García escribió varias veces. El más reciente caso de relaciones entre política y narcotráfico, se refiere a la asesoría profesional que prestó la ahora candidata a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores, a un empresario automotriz, Carlos Cataño[5], investigado por delitos de narcotráfico y lavado de activos. En nuestros días, mientras que una porción importante de la atención política y mediática está dirigida a los actos de corrupción puntual que han aparecido durante el segundo gobierno de Alan García (petro audios, COFOPRI, adquisiciones policiales y militares, inmuebles de Jorge Del Castillo), no se ha puesto debida atención a las implicancias de la implementación del modelo neo liberal, en el favorecimiento del delito de TID. La situación se agrava en un aparato estatal débil, ausente y/o vulnerable, que el modelo debilitó aún más.
El 8 de agosto de 1990, el entonces Ministro de Economía Hurtado Miller anunció la política de “shock”, en fiel cumplimiento del ajuste estructural sugerido desde los organismos financieros como el FMI y el Banco Mundial y como parte integral del denominado Consenso de Washington[6]. El gobierno fijó medidas basadas en políticas fiscales, monetarias y comerciales destinadas a lograr la estabilidad macro económica del país.
Estas medidas, permitieron controlar la inflación desbocada en el segundo lustro de la década de los 90, durante el primer gobierno de García. Así, en el período 2002/2008 se ha mantenido con un promedio de 2.4%. Durante su gobierno, Fujimori adoptó una política envidiable de estabilidad, apertura, protección a las inversiones[7], adecuadamente protegido por el marco constitucional de 1993 y la subsiguiente arquitectura jurídico/legal para otorgar estabilidad en materia tributaria, comercial, financiera y en general, de inversión. Es lo que ha dado en denominarse, como la implementación más aplicada del modelo económico neoliberal en la región. Este modelo económico extractivo mercantil, primario exportador, dio pie a una meseta de estabilidad y bonanza económicas en el país, acrecentado por el auge de los buenos precios internacionales de minerales y el aumento de las exportaciones de minerales[8] producida por la demanda internacional de China y los países del BRIC (entre ellos Rusia, India).
Durante la transición democrática de Valentín Paniagua, el período de Alejandro Toledo, y luego la  segunda administración de Alan García, el Perú ha tenido la virtud de mantener “en piloto automático” las principales tendencias de las políticas económicas, obteniéndose indicadores de crecimiento económico sostenido (en el año 2002, 4.9%; en el año  2003, 4.0%; en el año  2007, 9%; y, en el año 2008, 10%)[9], es decir un promedio de 6.9% anual. En el mismo período, se produjo el aumento de la inversión privada extranjera y nacional (incluyendo el 2010)[10], el incremento de las reservas internacionales (31,196 US$ millones), la obtención del grado de inversión y la consiguiente reducción de riesgo país[11], en beneficio de importantes empresas extranjeras: Telefónica, Telmex, Ambev, Sab Millar, Yanacocha, Antamina, Repsol YPF, Endesa, Saga Falabella, Ripley, además de conocidos grupos nacionales, como los Brescia, Romero, Benavides, Wong, Añaños y Rodríguez Pastor, entre los más importantes.
En términos de producción, el período 2002/2008, el Perú aumentó su PBI en promedio anual de 6.8%, incluso pese a que en el período 2009/2010 fue solo de 2.9% (efecto crisis económica)[12]. Algo similar ocurre con el PBI per cápita, sin embargo no sucede así con la remuneración media de los peruanos (as). Esta situación ha sido bien vista por distintos think tanks, autoridades, funcionarios (Banco Mundial, FMI, CEPAL) extranjeros y nacionales (CENTRUM, PROINVERSION, CONFIEP). El problema es que debajo de la superficie de esta  bonanza económica, aparecieron, se escondieron, y se beneficiaron, diversas actividades sucias relacionadas a los segmentos más monetizados del crimen asociado al tráfico de drogas. Es precisamente a partir del año 2000, que se reactiva en el Perú la producción intensiva de coca, la producción con altos rendimientos de cocaína.


[1] CEPES, ALOP, “Plan Colombia, ¿Seguridad Nacional o Amenaza Regional?”, mayo 2002; IEPRI, “El Plan Colombia y la Internacionalización del Conflicto”, 2001; ESTRADA ALVAREZ Jairo (Ed), “Plan Colombia. Ensayos Críticos”, Universidad Nacional de Colombia, 2001
[2] GORRITI Gustavo, “La Calavera en Negro, el traficante que quiso gobernar un país”, Planeta 2006.
[3] José Abanto Verástegui, asesor Luis Alva Castro, (abogado de hermanos Sánchez Paredes, Freddy Zubieta, candidato aprista alcaldía de San Borja (abogado de Polaco, Vaticano), Francisco Peixoto, vinculado a ex Ministra de Justicia María Zavala (Mosca Loca), abogado Moisés Tambini del Valle abogado de traficantes (jefe de Procuradores)
[4] Para mayores detalles, ver Iniciativa Nacional Anticorrupción, Ministerio de Justicia del Perú, 2001, http://palestra.pucp.edu.pe/pal_est/documentos/parte2.pdf
[5] Su verdadero nombre es Adolfo Carhuallaqui Porras.
[6] Trabajos de Eric Toussaint,  “Banco Mundial. El Golpe de Estado Permanente”, Editorial Viejo Topo, 2007, Al hablar del Consenso de Washington lo hago de las políticas aplicadas de manera generalizada desde los años 1989 y 1990, cuando nació ese concepto. ¿Qué quiero decir con ese subtítulo? Pues subrayar que la parte escondida de esas políticas contempla una visión de alcance planetario para reconquistar todas las economías, inscribiéndolas en el sistema capitalista, y establece una coherencia en el tipo de recetas que se imponen con tal propósito. Yo explico en mi libro, por ejemplo, que el tipo de política aplicada dentro del marco del ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el FMI ya había nacido en los años sesenta, pero con el Consenso de Washington lo prioritario en las medidas de reforma son las privatizaciones, y en los años noventa y hasta el 2000 se produce una gran ola de reconquista por parte de las grandes transnacionales, que adquieren el control de los recursos naturales de los llamados países en desarrollo, y también el de sus ejes estratégicos tanto a nivel industrial como a nivel de servicios”
[7] Puesto 63 en el mundo en ambiente para negocios, 8vo en América Latina, Doing Business 2009. 200,000 millones de soles de inversión privada y 65,000 millones de inversión pública.
[8] Mientras el año 2000, las exportaciones tradicionales ocupaban el 69% del total y las no tradicionales el 29%, el 2009, las exportaciones tradicionales constituyeron el 76.71% y las no tradicionales el 22.91% (Redge, 18 de Junio)
[9] QUIJANDRIA SALMON Ministro de Economía, “La Economía Peruana Evolución Reciente y Perspectivas”, Enero 2004.
[10] http://www.peruviantimes.com/amcham-sees-u-s-investments-totaling-40-billion-during-next-5-years/186566  representante de Cámara de Comercio Americana dice que inversiones de EE.UU en el Perú totalizaron US$ 3,000 millones en el 2009, y la inversión privada, creció en 11.3% en primer cuarto del 2010.
[11] Standard y Poor´s
[12] CARRANZA UGARTE Luis, Ministro de Economía, “Situación y Perspectivas de la Economía Peruana”, Septiembre 2009